CAMPOS DE CONCENTRACIÓN

Mi padre vivía en Francia desde los 12 años, a los 21 regresó a España con toda su familia, para que él pudiera realizar el Servicio Militar Obligatorio. Al poco tiempo y creo que sin jurar bandera, lo devolvieron a su casa, porque era estrecho de pecho. Se declara la Guerra Civil y entonces para ser carne de cañón, sí valía. Transcurrida la Guerra fue hecho prisionero y llevado a un campo de concentración, donde no les dieron nada, ni ropa, ni calzado, ni casi comida y cada día iban a trabajar arreglando las vías del tren, cerca de Madrid, cada día compañeros amanecían muertos o morían trabando. Y esto lamentablemente es todo lo que yo sé. Padre perdóname ya es tarde para escuchar tu dolor y tus quejas, de toda una juventud destrozada y casi me atrevería a decir de una vida.

A partir de aquí, todo son copias de foros e información lograda en Internet.

Campos de concentración franquistas

En España entre 1936 y 1947 funcionaron varios campos de concentración estables y otros muchos provisionales, coordinados por el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas. Terminaban en estos campos de concentración, desde ex combatientes del bando republicano o disidentes políticos hasta homosexuales y presos comunes. Al igual que en otros muchos campos de concentración, los prisioneros estaban jerarquizados, de tal modo que presos comunes violentos (por tanto sin motivaciones políticas o ideológicas) estaban en un escalón superior a la mayoría de los allí encerrados, trabajando de vigilantes de estos últimos. Se caracterizaron por la explotación laboral de los prisioneros, organizados en batallones de trabajadores.

Según Javier Rodrigo (2006), cerca de medio millón de prisioneros pasaron por los campos de concentración entre 1936 y 1942.

“... medio millón de muertos, un cuarto de millón de exiliados dispersos en Francia, Rusia y varios países hispanoamericanos, 280.000 presos en cárceles y campos de concentración por los delitos más inverosímiles, miles de españoles heridos o mutilados por efectos de la guerra, produjeron un colapso en el mercado laboral de un país que necesitaba reconstruir sus infraestructuras y poner en funcionamiento empresas destrozadas o paralizadas por la guerra”.

A principios de 1941, esto es un par de años después de finalizada la guerra civil, constaban en el Fichero Fisiotécnico 103.369 penados, de ellos cerca de 10.000 mujeres, una cifra casi coincidente con la de los presos que entonces ya habían sido juzgados y condenados por los numerosos tribunales civiles y militares puestos en marcha en toda España durante aquellos años. Los más de 280.000 prisioneros políticos entonces encarcelados en toda España representaban el 10% del conjunto de la población activa del país y eran, en su gran mayoría, hombres de entre 20 y 40 años de edad. No obstante, los presos políticos seguían aumentando sin cesar durante aquellos años. Según ha podido documentar recientemente el historiador Antonio Miguel Bernal, sólo entre los años 1939 y 1943 el número de presos políticos del franquismo llegó a ser de más de 550.000, también con una muy clara mayoría de jóvenes entre ellos.

Así, de forma masiva, sistemática y organizada, la dictadura franquista utilizó, entre 1937 y 1970, a centenares de miles de prisioneros políticos como fuerza laboral barata, absolutamente dócil y completamente segura, casi siempre recluida en alguno de los numerosos campos de concentración creados al efecto por toda España –en el libro de Javier Rodrigo Sánchez La represión bajo el franquismo figuran documentados 72 campos de concentración, casi la mitad de ellos funcionando ya desde la misma guerra civil, con un total de aproximadamente unos 180.000 internados debidamente contabilizados–, con lo que además de conseguir pingües beneficios económicos consiguió descongestionar las numerosas cárceles existentes en todo el territorio nacional, todas ellas abarrotadas durante los años de la más inmediata posguerra a causa de las sucesivas oleadas de detenciones masivas que se produjeron en España entera al término de la guerra civil.

Empleados fundamentalmente en obras públicas de todo tipo –por ejemplo, en la construcción de carreteras, puentes, túneles, vías férreas, canales y marismas–, centenares de miles de prisioneros políticos del franquismo se vieron obligados al trabajo forzado, a modo de nuevos esclavos, tanto en obras tan impresionantes como las de la construcción del Valle de los Caídos –donde trabajaron hasta 1950 un total de cerca de 20.000 presos políticos, hasta la definitiva culminación de las obras de construcción tanto de los accesos por carretera como del monasterio y la cripta de aquella obra faraónica– o del pazo de Aday, como en muchas otras obras al servicio de la Iglesia católica –entre otras, los 15.000 crucifijos para escuelas y otros centros oficiales, que fueron facturados inmediatamente después de la guerra civil desde los Talleres Penitenciarios, cuya sede central era la cárcel de Alcalá de Henares– y, cada vez en mayor medida, al servicio de gran número de empresas privadas, casi todas ellas adjudicatarias y concesionarias del propio Estado.

Otras empresas que tuvieron a presos políticos trabajando a su servicio fueron, por ejemplo, Babcock-Wilcox, Carbones Asturianos, Constructora Naval, Industrias Egaña, Talleres La Trefilera, Plasencia de las Armas, Esperanza y Compañía SA, Talleres Murga, Cementos Portland-Iberia, Cementos Asland, Metro de Madrid, Riegos Asfálticos, Sacristán, Portolés y Compañía, Sicot, José M. Padró, Carbonífera Palomar, Montes de Galicia, A.Villalón, E.Osis, Elizarrán, Hidro Nitro Española, Minas del Bierzo, Experiencias Industriales, Gutiérrez Oliva, A.Carretero, Sanz Bueno, Salvador Cuota, Maquinista y Fundición del Ebro, Regino Criado, Ferrocarriles y Minas, Antracitas Gaiztarro, Múgica-Arellano y Cía, Minero Siderúrgica de Orallo, ECIA, Vías y Riegos, Duro-Felguera, C.Peña, Julián A. Expósito, Cimentaciones y Obras, E.Medrano, C.Mardellano, D.L.Pastora, M.Llagostera, I.Arribalaga, J.Dobarco, Sociedad Marcor, Ramón Echave, SAFA, Burés, Industrias Artísticas Agrupadas ...

Aunque se tenían algunas referencias merced a la publicación de las memorias de algunos antiguos presos políticos del franquismo, ha sido ahora cuando se ha documentado ya con rigor histórico la existencia en la España de la guerra y la posguerra civil de auténticos campos de exterminio. A diferencia de los campos de concentración, en los que los prisioneros políticos eran utilizados sistemáticamente como “esclavos” y donde en no pocos casos los internados fallecían también a causa de las pésimas condiciones de vida y trabajo a las que se encontraban sometidos, los campos de exterminio franquistas eran, centros destinados fundamental y casi exclusivamente a la pura y simple ejecución de sus internados.

Otro de los historiadores asistentes a las mencionadas jornadas celebradas en Sevilla, el catalán Borja de Riquer, señalaba que en la España franquista se superaron los 140.000 fusilamientos, casi triplicando los 50.000 que se produjeron en las zonas de España controladas por la República. Más aun, el mismo historiador hacía notar que en el caso concreto de Andalucía esta relación se más que cuadruplicó, con 40.000 fusilamientos franquistas por 9.000 a cargo de los republicanos. De Riquer hizo notar que una vez terminada ya la guerra civil, entre 1939 y 1947, el franquismo ejecutó diariamente a una media de diez personas, con diez fusilamientos diarios, lo que representa cerca de 30.000 fusilamientos durante los ocho años después del fin de la guerra civil, a los que habría que añadir todavía los que se produjeron con posterioridad y hasta el mismo final de la dictadura.

Borja de Riquer destacó asimismo que la juventud republicana fue la principal víctima de la criminal represión franquista desatada al término de la guerra civil. En base a un estudio realizado sobre las quintas de la barcelonesa ciudad de Badalona entre los años 1936 y 1940, De Riquer subrayó que de los 2.256 jóvenes de entre 19 y 25 años de edad existentes en el censo de dicha ciudad en 1936, en 1940, 295 habían muerto, 234 habían sido considerados prófugos y 204 estaban encarcelados, con lo que un tercio de los jóvenes badaloneses, al finalizar la guerra civil, habían fallecido, estaban exiliados o habían sido encarcelados.